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La agencia federal contrató entre 2017 y 2018 a una empresa que recopila información de aplicaciones populares con un sistema denominado Locate X. El Estado habría pagado cerca de US$2 millones por esos servicios.
Diversas agencias gubernamentales apelaron a softwares de rastreo; alertan que la práctica viola derechos constitucionales en EE.UU.
Documentos filtrados revelan que el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) utilizó un software especializado para acceder a datos de ubicación de usuarios de apps móviles en aquel país. Según reporta Motherboard, lo hizo sin la orden judicial correspondiente.
En concreto, USSS contrató los servicios de Babel Street, una firma que ofrece un producto denominado Locate X. Ese programa recopila datos de ubicación anónimos, extrayendo la información de una gran cantidad de aplicaciones populares en los smartphones.
Los documentos internos fueron obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Antes, en marzo de este año, el sitio Protocol informó que otra agencia del gobierno estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también había trabajado en colaboración con Babel Street, apelando igualmente al uso de Locate X. Según fuentes de la compañía, el sistema permite “crear una ‘cerca digital’ en un área, identificar dispositivos móviles en la zona y monitorear los movimientos de esos equipos”.
Tal como explica Engadget, con Locate X es posible, por ejemplo, delimitar una zona geográfica alrededor de la escena de un crimen. Después, el sistema podría identificar los celulares que estaban en el área antes del hecho y revisar adónde viajaron esos dispositivos antes o después del incidente. La policía utilizó esa tecnología en un robo en el año 2019, e investigaron a un ciclista inocente basándose en sus datos de una app para deportistas.
Protocol había señalado que USSS usó Locate X en una investigación de robo de tarjetas de crédito. Ahora, el nuevo informe corrobora esa información al publicar documentos internos de aquella agencia gubernamental. Según se lee, la relación entre las partes se extendió desde septiembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018. Por la licencia de uso y otros servicios, USSS pagó cerca de 2 millones de dólares, consignan los documentos.
“La Cuarta Enmienda no está a la venta”
Ron Wyden, senador demócrata por el Estado de Oregon, dijo que no lograron que Babel Street informe de dónde provienen sus datos, a quién se los venden y si respetan la exclusión voluntaria de dispositivos móviles. Wyden señaló que un proyecto de ley prevé prohibir a las agencias federales comprar este tipo de datos.
“Está claro que varias agencias federales han recurrido a la compra de datos para abrirse camino en torno a los derechos de los estadounidenses. Estoy redactando una legislación para asegurarme de que la Cuarta Enmienda no esté a la venta”, comentó el demócrata en un comunicado enviado a Motherboard.
Siguiendo a Gizmodo, la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que las fuerzas policiales deben contar con una orden judicial para obtener datos de ubicación de los ciudadanos, requisito que no se cumplió en el vínculo de USSS con Babel Street, según las fuentes señaladas.
Los informes aparecen en jornadas en las que la privacidad de los datos aparece en el centro de la escena en Estados Unidos. En aquel país, ciertas figuras de la política, especialistas y legisladores señalan que TikTok supone un riesgo para la seguridad nacional debido a supuestos vínculos de los responsables de la app con el gobierno de China, al que entregarían información de los usuarios.
La red social originaria del gigante asiático podría dejar de operar en Estados Unidos, luego de medidas de Donald Trump para frenar su avance en aquel país, imponiéndole trabas para realizar operaciones financieras y obligando a vender sus activos en ese mercado.
