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Un nuevo fallo judicial suspendió parte de la ley de “modernización laboral” impulsada por el gobierno de Javier Milei. El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, el mismo que impuso multas diarias al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, frenó por tres meses la aplicación de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, sancionada en febrero.
Esos artículos, pensados según el oficialismo para atenuar la llamada “industria del juicio”, establecían condiciones desfavorables para los abogados que representan a trabajadores: topes a sus honorarios, la posibilidad de cobrarlos en hasta 12 cuotas y su inclusión en el pago de las costas del proceso, como la tasa de justicia, que antes debía pagar la parte que perdía el juicio.
Con la cautelar, siguen vigentes los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. El juez también incorporó al Ministerio de Justicia como parte, por lo que se espera que el Ejecutivo apele la medida.
La demanda fue presentada por representantes de 32 colegios de abogados del interior del país. En su fallo, Cormick sostuvo que la redacción de la ley genera “incertidumbre” sobre si los honorarios están alcanzados por las nuevas reglas, ya que, si bien no son parte del capital de la condena, integran las costas del proceso, lo que configura “la verosimilitud del derecho” de los abogados.
La medida rige por tres meses, por lo que los letrados buscarían luego una prórroga hasta que haya una sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de esos artículos. Cormick fue titular de la Inspección General de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y síndico del PAMI durante la gestión de Alberto Fernández.
