Lo hizo para demostrar que el gobierno de Mauricio Macri direccionó las causas contra adversarios políticos. Pidió que se garantice la publicidad del debate oral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner aceptó la reanudación en forma semipresencial del juicio oral en el caso de la obra pública, al argumentar que así se demostrarán las falsas imputaciones del gobierno de Mauricio Macri que operó como una “asociación ilícita” para direccionar causas a través de lo que hoy se conocer como “mesa judicial”. Pero pidió que se garantice la publicidad del debate.
Como “condición indispensable” para la continuación del proceso, Cristina Kirchner requirió “que se dé estricto cumplimiento al principio de publicidad, imprescindible en todo juicio oral”.
“Mi parte no habrá de oponerse a que se reanude el debate de modo semipresencial”, respondió Cristina por medio de un escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi a la consulta efectuada por Tribunal Oral Federal 2 sobre la reanudación del debate
A tal efecto “deberán arbitrarse los medios técnicos necesarios para garantizar que todo lo que ocurra en la audiencia pueda ser seguido por aquellas personas que resulten interesadas”, solicitó la defensa al aceptar la nueva modalidad en la que se desarrollará el juicio.
“Si bien dicha modalidad no abastece suficientemente las reglamentaciones generales del debate consagradas en el ordenamiento procesal penal (arts. 363 y siguiente del CPPN), no voy a permitir que una eventual demora en el reinicio del juicio sea utilizada para agitar falsas y malintencionadas especulaciones dirigidas a confundir a la opinión pública sobre la existencia de un presunto “plan de impunidad”; en otras palabras, que este juicio se siga utilizando con finalidades subalternas que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia”, advierte el abogado Beraldi en el escrito al que tuvo acceso minutouno.com.
Cristina Kirchner siempre sostuvo que quería ser juzgada por un tribunal imparcial. “No tengo dudas que en el marco de una audiencia oral y pública desarrollada ante jueces imparciales quedará demostrada no sólo la falsedad de las imputaciones formuladas (vgr., que un gobierno democrático elegido por el pueblo en tres oportunidades constituyó una asociación ilícita), sino antes bien que ellas fueron falsamente construidas desde una verdadera asociación ilícita que, operando a través de lo que ahora se conoce como mesa judicial, interfirió y direccionó el desarrollo de cada uno de los supuestos procesos judiciales seguidos en contra de adversarios políticos. Algo que jamás había sido visto en tiempos democráticos”.
En cuanto al requerimiento de hacer saber los lugares físicos desde donde la defensa habrá de seguir el desarrollo de las audiencias, el abogado de Cristina Kirchner solicitó que el mismo sea dejado sin efecto. “Ello así, pues tal información no es necesaria ni su solicitud se encuentra técnicamente justificada”, argumentó.
Cristina Kirchner también pidió al Tribunal que en caso de que alguna de las partes requiera que se exhiba a los testigos cualquier tipo de documentación, “la misma sea previamente digitalizada”.
Para el letrado, todas las actuaciones deben ser digitalizadas con carácter previo al inicio de cada una de las audiencias. “De tal manera, todos los intervinientes podremos tener, en tiempo real, la información actualizada necesaria para ejercer los derechos que nos fueron confiados”, advirtió.
Días atrás el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que el juicio por la obra pública deberá reanudarse, a pesar de la feria judicial extraordinaria, y que seguirá mitad de manera virtual y mitad presencial, para lo que pidió opinión a las partes. Las audiencias seguirán siendo los lunes, pero aún no se fijó una fecha de inicio de las mismas.
Algunas defensas se opusieron como la de Lázaro Baez, al cuestionar para ciertos actos el sistema de videoconferencia.
El sistema a utilizar fue materia de discusión, y se barajan dos alternativas, la plataforma “Jitsi Meet” del poder judicial y la otra es una licencia paga o premiun de Zoom.
El juicio a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Basso, está suspendido desde marzo y se retomará con la testimonial de Javier Iguacel, quien fue titular de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri.