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Desde el inicio de la causa por la compra de la mansión de Pilar, en diciembre pasado, han intervenido 14 jueces distintos, entre quienes investigaron el expediente y quienes resolvieron sobre la competencia jurisdiccional. Tras múltiples idas y vueltas, apelaciones y cambios de tribunal, hasta ahora no se ha logrado una definición sobre los responsables ni se ha determinado si existió lavado de dinero.
A lo largo del proceso se realizaron allanamientos, declaraciones testimoniales y un peritaje contable en curso para establecer si la propiedad pertenece efectivamente a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, se libró una prolongada discusión judicial acerca de qué juzgado debía encargarse del caso. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa vuelva al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El expediente se abrió tras la denuncia presentada en diciembre pasado por la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, que solicitó investigar la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con 105 metros cuadrados, helipuerto, cancha de pádel, pileta, varios galpones y un depósito para autos.
La propiedad figura a nombre de Real Central, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada, quienes no tendrían capacidad económica para adquirirla. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.
El caso inicialmente quedó a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, quien remitió la causa al fuero Penal Económico por el tipo de delito investigado. Sin embargo, Javier López Biscayart, a cargo del juzgado 10 Penal Económico, rechazó ese criterio y devolvió el expediente a Rafecas. Posteriormente, Rafecas allanó la propiedad, donde encontró un bolso con identificación de la AFA y una placa del club Barracas Central a nombre de Toviggino. Además, en el galpón había 54 vehículos de lujo y de colección con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.
La controversia sobre la competencia fue resuelta por Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal, quien determinó que la causa debía seguir en el fuero Penal Económico, retornando al juzgado 10, donde ya se desempeñaba Marcelo Aguinsky. Este juez planteó la hipótesis de que la mansión podría haber sido adquirida con fondos de la AFA provenientes de una gestión fraudulenta. En su investigación determinó que Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA con la que realizaba gastos mensuales por 50 millones de pesos, incluyendo pagos de peajes de los autos vinculados a la mansión, pese a no ser empleado de la asociación.
En enero, la defensa de Pantano y Conte solicitó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, hacerse cargo del expediente, argumentando que Pilar es su jurisdicción. González Charvay solicitó el expediente a Aguinsky, quien se negó a cederlo. La Cámara Federal de San Martín respaldó a González Charvay, basándose, entre otros argumentos, en que la sede de la AFA, aunque trasladada a Pilar, aún permanecía en un terreno baldío.
El juez González Charvay realizó un allanamiento en la AFA para obtener documentación y ordenó alrededor de treinta medidas probatorias, incluyendo un peritaje contable para analizar los fondos de la AFA desde 2019 y determinar si se usaron para la compra de la mansión. Sin embargo, los fiscales del caso apelaron esta resolución para que la causa vuelva al fuero Penal Económico. La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, decidió que esa determinación debía ser tomada por la Cámara Penal Económico. Esta última, con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ordenó en junio que la investigación retornara al juzgado 10, ahora bajo la magistratura de Verónica Straccia, quien delegó la pesquisa en el fiscal Claudio Navas Rial.
La defensa de Pantano y Conte apeló nuevamente para que el expediente regresara a Campana. El fiscal Mario Villar sostuvo que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico. La discusión central sigue siendo qué tribunal es competente para investigar un supuesto lavado de dinero.
Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal intervino nuevamente. Los jueces Diego Barroetaveña —quien fue presidente del tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre, cuando se inició la causa—, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar resolvieron, por mayoría, que el caso debe volver al juzgado de Campana. Slokar votó en disidencia al considerar que no correspondía tratar la apelación.
Con esta decisión, el expediente tendrá un nuevo regreso a Campana, aunque no necesariamente será definitivo, ya que el fallo de Casación puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría sumar tres jueces más al tratamiento del caso.
Este complejo entramado judicial refleja las dificultades y dilaciones que enfrenta la investigación, atrapada en un laberinto institucional que, en múltiples ocasiones, ha impedido avanzar hacia una resolución de fondo.
