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En medio de la máxima tensión entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas, Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como C-24, el foro donde la Argentina sostiene desde hace décadas su reclamo de soberanía y que cada año insta a ambos países a retomar las negociaciones.
El planteo lo hizo una representante del gobierno de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, que se ocupa de asuntos políticos especiales y de descolonización. No se presentó ni se votó una resolución para disolver el comité: la funcionaria pidió que se termine su mandato, algo que solo podría decidir la Asamblea General.
Según el acta oficial, la diplomática sostuvo que el organismo «ha sobrevivido a su propósito original» y que, aunque más de 80 antiguas colonias se incorporaron a la ONU como Estados miembros, el comité «actúa como si nada hubiera cambiado» y revisa los mismos textos cada año. También cuestionó sus «excursiones anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur», que calificó como «un desperdicio de tiempo y recursos de la ONU». Y señaló que, aunque la Asamblea retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos en 1953, el comité sigue haciendo audiencias sobre la isla.
La representante estadounidense no mencionó a Malvinas, pero la discusión toca de lleno el reclamo argentino. El C-24, creado en 1961, supervisa hoy 17 territorios no autónomos, entre ellos Malvinas, Gibraltar, el Sahara Occidental y Puerto Rico; diez de ellos son administrados por el Reino Unido. Cada año aprueba por consenso una resolución que llama a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció allí la «militarización» británica y la «explotación unilateral de los recursos naturales» de las islas.
La propuesta llega en un momento delicado. El Gobierno presentó ante el Tribunal del Mar un pedido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion y recibió una dura respuesta británica. Además, Washington ya había presionado para que la Ley Malvinas, que endurece las sanciones contra las empresas que operan en las islas, no afecte a compañías estadounidenses.
