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Hace seis décadas, Argentina era un país convulsionado por violentos conflictos que no discriminaban personas ni circunstancias. La política, el sindicalismo, la presión de la corporación militar sobre la democracia, un nacionalismo exacerbado tras el Mundial de Fútbol de 1966 en Inglaterra y la violación de la autonomía universitaria conformaban episodios de un mismo escenario antidemocrático.
Todos estos acontecimientos parecían seguir la misma partitura, ejecutada por una orquesta de titiriteros compuesta por militares insurrectos y sectores civiles sumisos. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía, jefe del Ejército y militante católico ultramontano, destituía al presidente constitucional Arturo Illia tras una maniobra cuidadosamente estudiada, dando comienzo al primer capítulo de la llamada Revolución Argentina (1966-1973).
Apenas un mes después del golpe de Estado, se produjo el golpe más duro sufrido hasta entonces por el país, cuyas consecuencias devastadoras se extendieron por décadas. Mediante el decreto ley 16.912, Onganía, ya en el poder, anulaba la autoridad de rectores y decanos universitarios al someter a las casas de estudios superiores al control directo del Ministerio de Educación, es decir, del Poder Ejecutivo.
Con esta medida, la academia debía subordinarse al poder político. El férreo anticomunismo de Onganía partía de la idea de que los claustros universitarios eran focos de “ideas de izquierda” que, bajo la Guerra Fría entre Washington y Moscú, presuntamente amenazaban al país.
El impacto fue tal que el rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, hombre de ciencia y formador en valores cristianos, debió enviar a un mensajero a la Casa Rosada para obtener una copia del decreto, ya que no hubo anuncio ni comunicación oficial sobre la norma. Poco después, en rueda de prensa, Fernández Long emitió un escueto mensaje: “El Gobierno me ha echado”.
La mayoría de los decanos se negó a acatar la ley dictatorial, que de hecho ponía fin a la histórica autonomía universitaria conquistada desde la reforma de 1918. La norma eliminaba el gobierno tripartito conformado por docentes, graduados y alumnos, prohibía la actividad política y los centros de estudiantes, y ordenaba la intervención directa del Ejecutivo en las universidades. Fue un duro golpe para la educación argentina, entonces reconocida por su liderazgo y prestigio internacional.
Sesenta años atrás, la noche del 29 de julio al anochecer, cinco facultades —Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería y Medicina— fueron ocupadas por alumnos y docentes en protesta contra la medida estatal. Días antes, Onganía había clausurado un semanario satírico que en su portada anunciaba “la era de la morsa”, en alusión al aspecto del dictador.
La revista “Primera Plana”, influyente en los ámbitos de poder, describió en su edición del 2 de agosto las escenas de violencia que se vivieron en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: “Tres carros de asalto de la Policía Federal se estacionaron a las once, y sus efectivos se ensañaron con los estudiantes de manera reprobable… estudiantes que abandonaban la facultad con las manos en alto, muchos ensangrentados. La violencia alcanzó incluso al profesor Warren Ambrosse, de la Universidad de Massachusetts, que dictaba su curso en Exactas”.
Rolando García, decano de Exactas, junto al vicedecano Manuel Sadosky, intentó interpelar a las fuerzas policiales que ingresaban a la facultad con un reclamo: “¿Quién está a cargo de este operativo? ¿Cómo se atreven? Estoy al frente de esta casa de estudios, que tiene autonomía de todo poder político”. La respuesta fue una golpiza: García recibió dos bastonazos en la frente que le dejaron la cara ensangrentada.
Desde ese momento, la educación argentina quedó herida para siempre. Lo que siguió a esa brutal represión fue una sangría constante de las mejores y más creativas mentes del país, tributarias de la Ley 1.420 de educación pública gratuita y obligatoria (1884) y de las reformas universitarias de 1918, que habían convertido a las casas de estudio en focos de conocimiento autónomo. Se inició un exilio gradual y forzado de docentes, profesores y jefes de cátedra, que vació al país de su riqueza cultural y educativa.
Se trató de la peor fuga de cerebros registrada: de un total de 675 docentes en Exactas, renunciaron 330 (66 profesores, 87 jefes de trabajos prácticos, 105 ayudantes y 72 técnicos). En todo el país, se estima que las renuncias superaron las 1.500, y muchos de estos profesionales continuaron sus carreras en el exterior, alcanzando posiciones académicas de alto nivel. Además, se desmantelaron institutos pioneros como los de Biología Marina, Cálculo, Meteorología y Televisión Educativa, entre otros.
Con el tiempo se supo que los servicios de inteligencia de la dictadura, basados en la teoría de una conspiración comunista, identificaron en Exactas una “resistencia pacífica” contra el decreto presidencial. Esto originó una reunión entre Onganía y los jefes de la SIDE y la Policía Federal, que dieron luz verde a la llamada Operación Escarmiento. En las primeras horas se registraron un centenar de heridos y alrededor de 200 detenidos,
