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La vitivinicultura argentina, una de las principales economías regionales del país, cerró la vendimia con una caída en la cosecha cercana al 10%. Los productores alertan sobre la baja rentabilidad del sector, afectado por el aumento de costos y la disminución de los precios pagados por su mercadería.
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la recolección de uvas registró una caída del 8%, alcanzando los 18,29 millones de quintales, lo que representa aproximadamente 1,5 millones de quintales menos respecto a la vendimia anterior.
En cuanto a la distribución regional, Mendoza produjo 13.147.187 quintales, con una baja de casi 2 millones de quintales (-12%). En tanto, San Juan alcanzó los 4.097.938 quintales, superando los casi 3,4 millones del año previo.
Aunque desde el INV destacaron que en el primer cuatrimestre las exportaciones de vino crecieron un 17% interanual y el consumo interno aumentó un 1,5% en los primeros tres meses, las entidades que agrupan a los productores alertan sobre una crisis prolongada. Señalan precios por debajo de los costos y el abandono de explotaciones.
El último informe de economías regionales de Coninagro describe la situación del sector como crítica, con una caída del 22% en los precios pagados al productor interanualmente, reducción de la superficie cultivada, una proyección de baja del 10% en el consumo interno para este año y un aumento del 75% en las importaciones.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), declaró a Clarín Rural que el sector enfrenta un “contexto muy conflictivo” y que fue “muy difícil levantar la cosecha” en esta vendimia. Además, señaló la falta de acceso a financiamiento para las tareas agrícolas, a pesar de una línea especial lanzada por el Banco Nación.
El principal problema, según Ruggeri, es el precio que se le paga al productor, que oscila entre 240 y 275 pesos por kilo, valores inferiores a los del año pasado. Explicó que “el precio de la uva sigue igual que el año pasado e igual que el anteaño pasado, por lo cual la rentabilidad está bastante baja”. Esto se debe en gran medida a la caída en las ventas de vino y a la pérdida del poder adquisitivo, que impide ajustar los precios en línea con la inflación y deriva en menores precios para la materia prima.
El dirigente advirtió que la situación de la vitivinicultura refleja la de otras economías regionales. “Nuestro sector está atravesando un proceso conflictivo. Veremos si, con una mejora en el poder adquisitivo, las ventas se recuperan. Pero también es necesario que el Gobierno acompañe con medidas, especialmente en financiamiento e impuestos”, añadió.
Por su parte, Gustavo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), calificó la situación como crítica y afirmó que muchos productores “están abandonando las fincas”. Explicó que en los últimos seis años se perdieron entre 3.800 y 4.000 productores.
Córdoba atribuyó esta caída a la falta de rentabilidad en el eslabón primario, producto de los bajos precios pagados. Detalló que “los costos de producción calculados por el INTA son de 360 pesos por kilo, mientras a nosotros se nos pagó 240, un valor igual o inferior al del año pasado, y en cuotas sin ajuste”.
Para él, esta situación no tiene una explicación lógica, sino que responde a una especulación de los compradores, dado que los despachos del primer cuatrimestre superan a los de 2023. “Hay movimiento en la comercialización que no justifica que se haya pagado tan poco al productor”, añadió.
Córdoba destacó que la exportación de vinos a granel y mostos continúa siendo competitiva y que el sector genera 100.000 puestos de trabajo. Por ello, reclamó que se mantenga el apoyo a la actividad y criticó los ataques a instituciones como la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que logró la eliminación de retenciones a las exportaciones, promovió la apertura de mercados externos y respaldó a pequeños y medianos productores con centros de desarrollo vitícola.
